Es sinónimo de destrucción, de muerte de chicos que fallecieron por una sobredosis, se ahorcaron o murieron en peleas con los dealers. La droga no respeta condición social y se ha enquistado en los distintos estratos de la sociedad. Los más afectados son los adolescentes y jóvenes que se hallan en situación de vulnerabilidad porque viven en sectores marginados de la comunidad. Desde hace años, se efectúan las marchas de madres que solicitan al gobierno acciones para erradicar este flagelo y para tratar a sus hijos adictos.

El miércoles pasado, la Hermandad de los Barrios, que reúne a representantes de los barrios El Sifón, Los Vázquez, Costanera, Antena (Alderetes), Santa Inés (Yerba Buena), Madres del Paco de San Pablo y las Madres del Pañuelo Negro, realizó una nueva movilización para pedirle al Gobierno asistencia para los jóvenes adictos al paco, más equipos territoriales de tratamiento, un centro de internación para mujeres y que se concluya el Centro de Prevención Local de Adicciones (Cepla) de la Costanera. “Que se cumpla la ley de salud mental para garantizar trato humanizado a pacientes adictos”, “Señor presidente, con hambre y paco no hay revolución de la alegría”, “Ni un muerto más por la droga”, “Basta de paco en los barrios” decían algunos de los carteles que portaban los manifestantes.

Una de las madres se quejó por la estigmatización que padecen. “Con sufrimiento pude hacer que siete hijos estudiaran y que dos estén por recibirse, uno de psicología social y otro de una ingeniería. Soy pobre, por desgracia perdí un hijo por el paco y eso me duele tanto... Pero nos humillan por nuestra condición y eso me duele más”, dijo. “Si siguen sin dar respuestas, cada vez que muera un adicto lo velaremos en la plaza Independencia para que en Casa de Gobierno vean las consecuencias de todo lo que hace falta”, advirtió otra madre. El movimiento había presentado un petitorio en diciembre pasado.

En junio de 2015, religiosos de la Pastoral local dijeron que la venta de las sustancias ilegales se efectuaba “en las esquinas de nuestros barrios y hasta en la salida de hospitales y de escuelas” y se preguntaban cuáles eran las acciones de los organismos públicos encargados de combatir y sancionar este delito. Se hicieron eco de las declaraciones de los obispos argentinos: “escuchamos decir con frecuencia que a esta situación de desborde se ha llegado con la complicidad y la corrupción de algunos dirigentes. La sociedad a menudo sospecha que miembros de las fuerzas de seguridad, funcionarios de la Justicia y políticos colaboran con los grupos mafiosos. Esta realidad debilita la confianza y desanima las expectativas de cambio”.

El gobernador dijo que hay que desterrar el flagelo de la droga de la Argentina. “Todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer. Por ello estuve a la par del presidente Mauricio Macri cuando anunció el plan para desterrar definitivamente del país las drogas”, afirmó.

Lo curioso es que el Estado provincial cuenta desde 2010 con la ley N° 8267 referida la Política Pública Integral para la Prevención y Asistencia a las Adicciones, que establece el diseño de una política integral y sistémica orientada a la prevención y asistencia de los afectados por el consumo de sustancias químicas psicoactivas adictivas y demás conductas adictivas, considerándose la investigación, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, la reinserción social, el desarrollo de programas, la educación, la capacitación y la acción comunitaria. La norma no fue aún reglamentada, de manera que no entró en vigencia.

¿Cuáles serán las razones para que en seis años, una iniciativa que puede ser el punto de partida para combatir con eficacia este flagelo que destroza la vida de cientos de chicos, no haya sido puesta en marcha? ¿Acaso existen intereses creados? La droga no se combate con palabras, sino con acciones concretas, con políticas de Estado. ¿Cuántas marchas más harán falta para ocuparse con ahínco de este grave problema social?